Comunicado del Consejo de Gobierno

A la Opinión Pública

Ante las declaraciones hechas por las Senadoras Esperanza Martínez y Lilian Samaniego luego de una visita que hicieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaramos lo siguiente:

1. Nuestra preocupación formal ante la actitud asumida en una causa en la que la Universidad es víctima por un hecho delictivo que tuvo como protagonistas a 40 estudiantes y 3 funcionarios con la falsificación de actas de exámenes para asignarse calificaciones.
2. Debemos recordar que esta causa de los “compra notas” está basada en hechos sucedidos en los años 2013 y 2014, y luego de muchos trámites procesales en las instancias correspondientes y a insistencia de la misma Universidad, la causa pudo avanzar sin la colaboración de los últimos tres implicados que no permitían que la misma se concluya con claras estrategias por nosotros consideradas como dilatación; teniendo, así, en vilo a la Universidad como víctima del hecho que requiere del amparo de la Ley para seguir haciendo su servicio al país y, con ello también, a toda la comunidad universitaria.
3. La declaración de rebeldía y las órdenes de captura dispuestas contra los últimos tres antes indicados es un recurso jurídico del mismo estado de derecho que se aplica para quienes se niegan a colaborar con la administración de la Justicia y se dio en la causa de los “compra notas”.
4. Actualmente, la única persona que aún se resiste a colaborar en el proceso y presentarse ante la Justicia es la señorita Belén Whittingslow persona que admitió haberse beneficiado con las falsas calificaciones en los sumarios de la universidad y ante Sede Fiscal, reconociendo los hechos, y solicitando entonces medidas alternativas pero; luego, cambiando de versión, retiró su pedido de suspensión del proceso, amparándose en las acusaciones conocidas por la opinión pública que no fueron probadas en instancias judiciales; siendo las mismas, desestimadas.
5. Ante aquellas acusaciones de la señorita, la Universidad Católica y, a pedido del mismo profesor Kriskovich, se realizó el sumario correspondiente de cuyo resultado se concluyó que dichas acusaciones no tenían fundamento. En dicha ocasión, la misma Belén Whittingslow no colaboró con el sumario, pues no entregó su teléfono celular para que sea sometido a la pericia correspondiente.
6. En las declaraciones de las mencionadas Senadoras se ve claramente que las mismas abogan por el desistimiento de una acción de gravedad para el estamento universitario, como es la compra y adulteración de notas académicas, lo cual nos causa una dolorosa extrañeza al respecto de esa actitud.
7. Finalmente, la Universidad Católica del Paraguay, ante sus demandas que se hacen públicas en las precedentemente mencionadas declaraciones, aclara, a la opinión pública que la eventual remoción de algún profesor son atribuciones de sus instancias de Gobierno, establecidas en el Estatuto que incluyen a los Decanos, Directores de Campus y al Consejo de Gobierno General de la Universidad. Esta potestad es ejercida ante casos establecidos en el mismo ordenamiento que rige nuestra vida Universitaria y, en este caso el Profesor a quien se alude en las instancias judiciales al respecto ha sido sobreseído de cualquier tipo o hecho de delito que pudiera justificar o validar una medida de desvinculación.

Hacemos estas aclaraciones con la esperanza de que un caso de corrupción que afectó a nuestra casa de estudios no quede en la impunidad, como suele ser característica de una sociedad que queremos cambiar y para la cual ponemos todos nuestros esfuerzos en materia de educación.

Al mismo tiempo, expresamos nuestro compromiso cierto de no apañar o encubrir ningún tipo de hechos y/o conductas contrarias a los postulados correspondientes a la tarea educativa, así como los sustentados en la identidad Cristiana Católica de nuestra institución para con todos quienes hacen parte de esta comunidad universitaria.

Consejo de Gobierno General

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”